La situación se complica aún más en Mazarrón, donde el desmantelamiento de la Unidad Fiscal ha trasladado esas competencias a los agentes de Águilas.
La Asamblea Regional de Murcia aprobó en la tarde de ayer, con el respaldo de los grupos parlamentarios Popular (PP), PSOE y Vox, una moción presentada por los populares que insta al Consejo de Gobierno a solicitar al Gobierno de la Nación un aumento de la plantilla de la Guardia Civil en el municipio de Águilas y en la Unidad Fiscal de Mazarrón. La iniciativa, defendida por el portavoz del PP, Antonio Landáburu, también reclama la creación de protocolos específicos para gestionar la llegada de pateras, adaptados a la realidad actual y dotados de los recursos y unidades especiales necesarios.
La moción pone de relieve la crítica situación de seguridad en Águilas y Mazarrón, donde la falta de efectivos de la Guardia Civil ha generado un notable deterioro en el servicio. En Águilas, el puesto principal cuenta con un déficit de agentes debido a un catálogo oficial desactualizado, lo que deja al municipio con una única patrulla por turno para atender a su población. Esta escasez se ve agravada por el incremento de la delincuencia y la constante llegada de pateras. Según los datos expuestos, en lo que va de 2025, Águilas ha recibido aproximadamente 220 inmigrantes, con picos de hasta tres embarcaciones en una misma semana.
Landáburu denunció que, cuando una patera arriba a las costas, la patrulla disponible debe encargarse de la asistencia inicial y el traslado de los inmigrantes al Centro Temporal de Inmigrantes en Cartagena. Sin embargo, la ausencia del autobús previamente utilizado para estos traslados obliga a los agentes a emplear dos furgonetas con capacidad para solo cinco personas cada una. Dado que las pateras suelen transportar entre 30 y 40 personas, los guardias civiles se ven forzados a realizar múltiples viajes, dedicando jornadas completas —a veces superiores a 12 horas— a esta tarea. Como resultado, la seguridad ciudadana queda desatendida, y ante emergencias, se requiere el apoyo de patrullas de municipios vecinos, que pueden tardar entre 45 minutos y una hora en llegar, dejando también a esas localidades desprotegidas.
La situación se complica aún más en Mazarrón, donde el desmantelamiento de la Unidad Fiscal ha trasladado esas competencias a los agentes de Águilas. Estos deben ahora cubrir no solo su municipio, sino también Mazarrón, Lorca y hasta La Azohía, una extensión territorial que supera su capacidad operativa y compromete la eficacia de su labor. Además, la moción subraya que esta carencia de efectivos está afectando a la Policía Local de ambos municipios, que se ve obligada a asumir funciones ajenas a sus competencias, sobrecargando su trabajo habitual.
