Sanciones por realizar pintadas, incumplir normas de navegación, acampar sin autorización, arrojar basura o la presencia de animales en playas no permitidas en la normativa municipal.
El Boletín Oficial de la Región de Murcia ha publicado la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de Convivencia Ciudadana, acordada en la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Mazarrón del 24 de junio de 2025. De conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, el anuncio se ha insertado en el BORM, y el expediente está disponible para consulta en el enlace oficial de la sede electrónica del Ayuntamiento. Los interesados pueden presentar reclamaciones o sugerencias durante el plazo establecido. Si no se reciben, el acuerdo se considerará definitivamente adoptado, procediendo a la publicación del texto íntegro.
La ordenanza tiene como objetivo garantizar la convivencia y el civismo en los espacios públicos y privados del municipio, promoviendo conductas respetuosas, protegiendo el patrimonio municipal y sancionando comportamientos que alteren la armonía ciudadana. Será de aplicación en todo el término municipal, obligando a residentes y transeúntes a cumplir sus disposiciones para asegurar el uso adecuado de los bienes públicos, la limpieza, la salubridad y la rehabilitación de infractores mediante medidas como la Oficina de Convivencia Ciudadana.
Para fomentar el civismo, el Ayuntamiento desarrollará campañas educativas y actividades culturales, como conferencias, concursos y mesas redondas, dirigidas especialmente a niños, adolescentes y jóvenes. Se promoverá la participación ciudadana a través de la recepción de sugerencias y quejas, y se establecerán convenios con entidades públicas y privadas para reforzar la educación cívica, así como actividades culturales, deportivas y de ocio. También se incentivará la solidaridad en los espacios públicos, animando a los ciudadanos a apoyar a personas en situación de necesidad, y se trabajará en el embellecimiento del entorno urbano y la mejora del medioambiente.
La normativa establece la obligación de respetar la convivencia y usar correctamente los bienes y servicios públicos, evitando conductas que molesten o perjudiquen a terceros. Se prohíbe deteriorar el mobiliario urbano, realizar pintadas, dañar parques, jardines, fuentes o contenedores, y se regula la publicidad exterior, permitiéndola solo en lugares autorizados. Asimismo, se prohíben actividades que obstruyan el tránsito, generen ruidos excesivos, impliquen consumo de alcohol en la vía pública fuera de terrazas autorizadas, o produzcan humos y olores molestos. En las playas, se prohíbe la presencia de animales (excepto en playas caninas), la pesca en zonas de baño, la circulación de vehículos, las acampadas no autorizadas y la varada de embarcaciones fuera de áreas designadas.
El régimen sancionador clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves. Las infracciones muy graves, como perturbar gravemente la convivencia, dañar servicios públicos, realizar pintadas relevantes, cazar animales o incumplir normas de navegación, conllevan multas de 1.501 a 3.000 euros. Las graves, como deteriorar bienes públicos, acampar sin autorización o maltratar animales, se sancionan con multas de 751 a 1.500 euros. Las leves, como molestias menores, arrojar basura o la presencia de animales en playas no permitidas, con multas de 50 a 750 euros. El procedimiento sancionador se rige por la Ley 39/2015, con posibilidad de reducción del 40% por reconocimiento de responsabilidad. La Policía Local supervisará el cumplimiento, y la Alcaldía impondrá las sanciones. Las infracciones prescriben en 6 meses (leves), 2 años (graves) o 3 años (muy graves). Los infractores deberán reparar los daños causados, y los tutores de menores responderán solidariamente. Se contemplan medidas cautelares, como la incautación de materiales usados en infracciones, y desalojos proporcionales en caso de resistencia.
La Oficina de Convivencia Ciudadana se creará para mediar en conflictos vecinales, suspendiendo temporalmente los procedimientos sancionadores mientras se busca una solución, con el objetivo de restaurar la convivencia y evitar sanciones que perpetúen conflictos. La ordenanza prevé su implementación en un plazo de seis meses tras su entrada en vigor. Los expedientes iniciados antes de su aprobación se regirán por la normativa anterior, y la ordenanza deroga disposiciones contrarias de normativas previas sobre tenencia de animales, publicidad, playas, limpieza y estacionamiento de autocaravanas.
