Al pasar el proceso a la vía ordinaria, y sin el consentimiento del propietario con un grado 3 de discapacidad, la solución se dilatará aún más en el tiempo.
El Ayuntamiento de Mazarrón ha comparecido ante los medios para dar cuenta de la situación de insalubridad que afecta a una vivienda en la calle Pablo Picasso, donde una plaga de ratas ha generado una importante preocupación vecinal. El alcalde, Ginés Campillo, acompañado por las concejalas de Sanidad y Protección Civil, Carmen Navarro, y Política Social, María Isabel Carrillo, ha detallado los obstáculos legales que están impidiendo una solución inmediata a este problema de salud pública.
Según ha explicado el regidor, el principal escollo radica en que se trata de una propiedad privada y el Juzgado de Primera Instancia de Totana ha rechazado la petición municipal de entrada urgente al inmueble al considerar que no existe tal urgencia. Esta decisión judicial obliga al consistorio a tramitar el acceso por la vía ordinaria, un proceso mucho más lento que dilata la intervención definitiva. Campillo ha enfatizado que, sin el consentimiento del propietario o el respaldo del juzgado, la administración local carece de competencias legales para entrar en la vivienda, a pesar de la evidente gravedad de los hechos.
La situación personal del residente añade una capa de complejidad al caso, ya que se trata de una persona con un grado 3 de discapacidad, incapacitada judicialmente desde 2012 y cuyas tutoras legales han fallecido. Aunque desde el año 2011 ha formado parte de programas de intervención social por su situación de vulnerabilidad, el afectado abandonó voluntariamente toda ayuda en 2025. El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento lleva intentando prestar auxilio de forma continuada desde 2023, chocando siempre con la negativa reiterada del interesado.
En cuanto a las medidas sanitarias, Carmen Navarro ha informado de que, ante la imposibilidad de actuar dentro de la casa, se están realizando tratamientos de desratización constantes en el alcantarillado y las zonas aledañas para contener la plaga. La concejal ha asegurado que tanto los servicios municipales como una empresa especializada están en prealerta para ejecutar un tratamiento de choque en el interior del domicilio en cuanto se obtenga la autorización judicial necesaria.
Por último, María Isabel Carrillo ha remarcado la coordinación absoluta entre las distintas concejalías para resolver esta problemática. Desde el Gobierno municipal se ha subrayado que se están agotando todos los recursos legales y administrativos disponibles, lamentando que los tiempos judiciales no coincidan con las necesidades de los vecinos y del propio afectado, cuya situación de exclusión requiere una respuesta que el Ayuntamiento sigue impulsando con responsabilidad y rigor legal.
