El Ministerio Fiscal aprecia posibles vulneraciones de derechos fundamentales y considera “arbitrarias” varias decisiones adoptadas por la Junta de Gobierno.
La Fiscalía ha puesto en cuestión varias decisiones adoptadas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mazarrón en relación con distintos procesos selectivos de empleo público, al considerar que podrían haberse vulnerado derechos fundamentales de los aspirantes y haberse actuado de forma arbitraria.
El pronunciamiento del Ministerio Fiscal se produce dentro del procedimiento contencioso-administrativo que investiga la legalidad de las oposiciones convocadas para cubrir 18 plazas de auxiliar administrativo incluidas en la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024, un proceso que ya había generado polémica por la ausencia de reserva de plazas para personas con discapacidad y por las denuncias de supuestas irregularidades.
En un escrito remitido a la Sección Contencioso-Administrativa del Tribunal de Instancia Plaza 7, la Fiscalía avala la ampliación de la demanda presentada por una aspirante interina cesada tras el proceso selectivo y dirige ahora también su atención a dos acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en diciembre de 2025.
El primero de esos acuerdos, fechado el 12 de diciembre, acordaba desistir del proceso selectivo para cubrir dos plazas de administrativo por turno libre previstas en la OEP de 2024. El segundo, del 22 de diciembre, modificaba esa oferta pública para transformar esas dos plazas en puestos reservados al turno de discapacidad, conforme al artículo 59 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).
Según el fiscal, ambas decisiones presentan una “intrínseca relación” con la demanda inicial y podrían haber sido adoptadas para “sortear” el posible vicio de origen detectado en la convocatoria de las 18 plazas de auxiliar administrativo, que no contemplaba la reserva mínima del 7% para personas con discapacidad exigida por la normativa.
“Resulta inevitable reparar en la arbitrariedad que estas decisiones comportan”, señala el Ministerio Fiscal en su escrito. La Fiscalía sostiene que el desistimiento parcial de la convocatoria “no está ajustado a Derecho”, ya que dicha posibilidad debería haber estado expresamente prevista en las bases del proceso selectivo.
Además, considera que el Ayuntamiento habría ignorado los derechos adquiridos por los aspirantes una vez publicada la lista de admitidos y excluidos, al no haberse dado audiencia previa a los posibles perjudicados ni haberse motivado adecuadamente la decisión.
El fiscal entiende que se habría incumplido el artículo 93 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el desistimiento de actos administrativos y exige motivación expresa y cumplimiento de los requisitos legales.
Por ello, solicita que el procedimiento judicial extienda a estos acuerdos el posible pronunciamiento de vulneración de derechos fundamentales, concretamente el derecho a la igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución y el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas establecido en el artículo 23.2.
La investigación judicial se inició tras la demanda presentada por una trabajadora interina que solicitó la nulidad de las oposiciones de auxiliar administrativo, plazas que ya han sido adjudicadas a funcionarios. El juzgado aceptó posteriormente ampliar el objeto de la causa para incluir también los acuerdos de diciembre relacionados con las dos plazas de administrativo.
Fuentes municipales han señalado a La Verdad que el equipo de gobierno “respeta las actuaciones del Ministerio Fiscal y ha colaborado en todo momento con los órganos competentes”. Asimismo, defienden que las decisiones adoptadas “se realizaron conforme a la normativa vigente, garantizando los principios de igualdad, mérito, capacidad y legalidad”.
