La nueva ordenanza municipal, aprobada definitivamente y publicada en el BORM, obliga a justificar la correcta gestión de los escombros para recuperar el importe depositado y establece un plazo máximo de cinco años para solicitar su devolución.
El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publica este lunes, 9 de noviembre, la aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora de los residuos de construcción y demolición de Mazarrón. La normativa, aprobada inicialmente por el Pleno municipal el pasado 28 de julio, ha quedado definitivamente aprobada al no haberse presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública.
La ordenanza establece un procedimiento para garantizar la correcta gestión de los residuos generados en obras de construcción y demolición, con el objetivo de favorecer su reutilización, reciclaje y tratamiento adecuado, así como evitar su eliminación incontrolada y proteger el medio ambiente.
Una fianza mínima de 500 euros
Una de las principales medidas recogidas en la nueva normativa es la obligación de constituir una fianza económica para obtener la correspondiente licencia urbanística de las obras. Esta garantía será, con carácter general, equivalente al importe que resulte mayor entre el coste previsto de los residuos incluido en el Estudio de Gestión de Residuos y el 1,5 % del Presupuesto de Ejecución Material de la obra.
En cualquier caso, se establece una fianza mínima de 500 euros. Cuando se prevea la generación de residuos peligrosos, la cantidad se incrementará con el presupuesto específico de su gestión, elaborado por un gestor autorizado. La cuantía también podrá ser revisada por los servicios técnicos municipales cuando consideren que la estimación de residuos no se corresponde con las características reales de la obra.
Documentación obligatoria para las obras
La ordenanza establece que las actuaciones que requieran proyecto técnico, licencia urbanística, declaración responsable o proyectos de urbanización deberán incorporar un Estudio de Gestión de Residuos. Este documento recogerá la cantidad y tipología de los materiales que se prevé generar y cómo se gestionarán.
Asimismo, los residuos deberán separarse en origen, como mínimo, en diferentes fracciones: materiales minerales, madera, metales, vidrio, plásticos y yeso, además de otras que puedan identificarse en el proyecto.
Los contratistas tendrán la obligación de implantar el correspondiente plan de gestión, evitar la mezcla de materiales y entregar los residuos a transportistas y gestores autorizados. También deberán conservar la documentación que permita seguir su recorrido desde la obra hasta su destino final.
Cinco años para solicitar la devolución
La recuperación de la fianza estará condicionada a que el promotor acredite documentalmente que los residuos se han gestionado correctamente. Para ello, deberá presentar ante el Ayuntamiento el certificado del gestor autorizado, la carta de pago que acredite el depósito de la garantía y, cuando corresponda, el certificado final de obra o un documento técnico equivalente.
La normativa establece que, transcurridos cinco años desde la finalización de los trabajos sin haber solicitado la devolución o sin haber aportado toda la documentación necesaria, se entenderá caducado el derecho a recuperar la fianza y el Ayuntamiento podrá proceder a su incautación total o parcial. También se contempla la posibilidad de devolver una parte de la garantía cuando se haya acreditado la correcta gestión de una parte relevante de los residuos, aunque no de su totalidad.
Las obras con licencia anterior quedan excluidas
La disposición transitoria establece que la nueva ordenanza se aplicará a los títulos habilitantes presentados a partir de su entrada en vigor. Las obras que ya cuenten con licencia concedida con anterioridad continuarán rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su autorización, sin perjuicio de las obligaciones generales de gestión de residuos establecidas en la legislación estatal y autonómica.
El incumplimiento de las obligaciones recogidas en la ordenanza podrá dar lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto en la legislación sobre residuos y protección ambiental.
La publicación en el BORM recoge el texto íntegro de la normativa, que pasa a formar parte de la regulación municipal sobre la actividad urbanística y la gestión de los residuos de construcción y demolición.












