El Ayuntamiento de Mazarrón ya aprobó por unanimidad en el último pleno una moción que pide reformas legales para evitarla.
El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a un Decreto-Ley por el que se establecen medidas de lucha contra la ocupación irregular de viviendas en la Región de Murcia, con el objetivo de frenar el movimiento ‘okupa’ en el territorio regional e impedir así que se menoscabe el derecho a la propiedad privada y la degradación que se produce en los barrios donde las viviendas han sido usurpadas o allanadas.
Así, la Administración regional transforma la Ley de Vivienda en la ‘Ley de Vivienda y Ocupación de la Región de Murcia’, con el fin de acabar con esta práctica ilegal cuya tendencia en alza tiene su origen en la constitución de organizaciones criminales especializadas en este delito. El nuevo decreto-ley establece un asesoramiento específico para las víctimas de esta práctica que se denominará ‘Servicio de mediación hipotecaria y lucha contra la okupación’.
Además, establece instrumentos para recopilar datos, y así evaluar el alcance y la evolución de la ocupación ilegal de viviendas, como la creación de un canal de denuncias que proteja la identidad de los denunciantes. También refuerza la cooperación entre administraciones para luchar contra esta práctica ilegal, y obliga a los ayuntamientos a notificar los casos que se detecten en sus municipios a través de la Policía Local y los Servicios Sociales.
Asimismo, propone mecanismos para impedir la transmisión o cesión fraudulenta de una vivienda ocupada ilegalmente, como que las empresas de servicios y suministros deben asegurarse de que los solicitantes de un servicio son los legítimos ocupantes del mismo y comuniquen los casos de ocupación de los que tengan constancia.
Parque regional de viviendas sociales
La Comunidad Autónoma también establece un procedimiento sancionador específico para evitar la ocupación en el parque regional de viviendas sociales, que establece como infracción muy grave, con multas que pueden ir desde los 15.000 a los 90.000 euros. Asimismo, se considera como infracción grave la incitación a la ocupación ilegal de este tipo de viviendas, con sanciones de 3.001 a 15.000 euros. Además, la nueva norma ordena que no podrá optar a la propiedad de una vivienda social pública en la Región quien haya sido condenado penal, civil o administrativamente por ocupación ilegal en los últimos diez años.
Unanimidad en Mazarrón
Por unanimidad de todos los partidos, el pleno de septiembre aprobó una moción del PP en la que se pide al Gobierno de la Nación a que impulse las reformas legales oportunas con el fin de combatir de manera ágil y efectiva la okupación ilegal de viviendas en nuestro municipio y garantice el derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes y la convivencia social.
"Solo hay democracia, si las Administraciones garantizan la propiedad privada", exponía la popular Carmen García. "Su adquisición y pertenencia, así como su recuperación cuando se ha sido privada de ella de forma ilícita. No hacerlo significaría dar carta blanca a un tipo de delincuencia colectiva que, si cunde el modelo, puede expandirse a otros ámbitos", detallaba la edil.
En la moción, los populares explicaban que la okupación de una vivienda por alguien que no es su legítimo propietario, no es en ningún caso un derecho, es sencillamente un quebrantamiento de la Ley que un Estado de Derecho debe perseguir y al que hay que dar soluciones jurídicas ágiles, reales y efectivas. "Desgraciadamente, hoy es cada vez más frecuente ver como la tenencia de un hogares atacada y violentada, aprovechando las demoras que impone cierta burocracia ante la condescendencia de determinadas opciones políticas, incluso miembros de algunos gobiernos", justifica el PP.
La propuesta detalla que "najo el falso pretexto de garantizar un techo a familias en situación de vulnerabilidad, han proliferado en los últimos años personas y grupos que han utilizado las rendijas de nuestro ordenamiento jurídico para arrebatar el hogar a sus legítimos propietarios, que en muchos casos son coaccionadas y amenazadas, viéndose impotentes ante auténticos expertos en la okupación. Esta indeseable situación se extiende a comunidades de vecinos, incluso barrios completos, que se degradan a gran velocidad como efecto colateral de este tipo de delincuentes".
Según el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEO) del Ministerio del Interior, la okupación ilegal de inmuebles aumentó en la Región de Murcia cerca de un 20 por ciento en lo que llevamos de año hasta alcanzarlos 176 casos, frente a los 147 del año 2019. Los datos son elocuentes: la gran mayoría de estos fenómenos son perpetrados por mafias y grupos organizados que han hecho de la okupación un lucrativo negocio donde los bienes allanados y usurpados son revendidos o que los utilizan para acometer delitos graves. La seguridad ciudadana se ve deteriorada y la convivencia hasta ahora modélica se resiste en muchos lugares ante este alarmante fenómeno.
Ante la magnitud de este problema, explica la moción aprobada, el Gobierno regional ha puesto en marcha una batería de medidas encaminadas a la okupación en nuestro territorio en defensa de la libertad y en la propiedad. Se está trabajando en la elaboración de un protocolo para la detección temprana de la okupación con el fin de prevenir estas prácticas ilegales en la Región de Murcia y que recogerá las aportaciones de diferentes colectivos profesionales y entidades locales, encuadrado en las prioritarias políticas de defensa del hogar.
En la Región de Murcia, todo aquel que necesita un hogar tiene acceso al mismo. Prueba de ello son las ayudas al alquiler por importe de 16 millones de euros en ayudas a las personas arrendatarias de vivienda habitual y permanente que como consecuencia del impacto económico y social del Covid-19 se encuentren en situación de vulnerabilidad sobrevenida, o los más de 3 millones de subvenciones a ONG (Cáritas, Columbares y Jesús Abandonado) para realojamiento de familias que puedan ver su hogar comprometido en modo alguno, o expulsados del mismo.
Además de todo ello los ciudadanos tienen a su disposición la Unidad de Mediación para Conservación del Hogar que ofrece asesoramiento gratuito, mediando entre las partes para que nadie se quede en la calle.
