Los populares han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra una modificación de crédito de casi diez millones de euros.
El alcalde de Mazarrón, Gaspar Miras, y el concejal de Hacienda, Ginés Campillo, comparecieron en rueda de prensa para informar a todos los vecinos sobre el recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mazarrón de 26 de octubre de 2021, por el que se aprueba definitivamente la modificación de crédito nº 1/2021, de crédito extraordinario (expediente nº 2021/328L) presentado por el Partido Popular.
“Se ha llevado al Juzgado esta modificación de crédito para paralizar esas actuaciones que serían muy beneficiosas para nuestro municipio”, afirmaba Campillo. “La diferencia entre los partidos que están ahora en la oposición y los que estábamos en la legislatura pasada es mucha. En 2018 se presentó una modificación de crédito, no para realizar inversiones en el municipio, en aquella ocasión fue para saldar deudas por un importe de más de tres millones de euros, y la oposición de aquel momento, PSOE y UIDM no nos fuimos al juzgado, nos abstuvimos para que la modificación se llevase a cabo para que la gente cobrase. Hoy, parte de la oposición ha votado en contra la modificación de crédito 2/2021 para actuaciones de mejora en el municipio y además se han ido al juzgado para paralizar la primera modificación de crédito. Es un claro ejemplo de irresponsabilidad, hipocresía y demagogia por parte de algunos de la oposición”.
Ginés Campillo preguntaba al Partido Popular por qué estas modificaciones de crédito si pueden llevarse a cabo en otros Ayuntamientos como por ejemplo en el de San Javier, gobernado por el PP y en el Mazarrón no se pueden hacer. “¿Qué daño se le hace al municipio de Mazarrón al presentar esas inversiones? Planteamos lo mismo que se realiza en San Javier. Parece que hay ciudadanos de segunda o puede que el Partido Popular no quiere que el municipio mejore y progrese. Es importante que los mazarroneros sepan que desde el Partido Popular se está judicializando la política para que Mazarrón no prospere”, explicaba el concejal.
Por su parte, Gaspar Miras señalaba "nuestro rechazo ante quien obstaculiza cualquier proyecto que en esta legislatura se ha presentado por el equipo de gobierno para la mejora de nuestro municipio". Miras hablaba también sobre la “maldad política que se usa en cuanto a procedimientos que impiden el avance y el crecimiento de Mazarrón, por parte de quien corresponde se mira más por la política y el ego personal que por la mejora de nuestro pueblo”.
“En octubre de 2020, por parte del Gobierno de España se aprobó un Real Decreto por el cual se eliminaban las reglas de gastos y permitía a los ayuntamientos de toda España para disponer de sus ahorros de remanentes de tesorería para realizar distintas actuaciones, esto fue un paso que se dio para facilitar una serie de actuaciones que se realizan de todos los ayuntamientos. En aquella época, el Partido Popular reclamaba al Gobierno Central que dejara de secuestrar los ahorros de los ayuntamientos. Y eso es lo que hemos querido hacer desde este equipo de gobierno, en dos modificaciones de crédito en este año que termina. La primera modificación de crédito la nº1/2021 por un importe de casi 10 millones de euros que contempla las 25 actuaciones para mejorar nuestro municipio. Además, entendiendo que son necesarias otras mejoras, se presenta otra modificación de crédito la 2/2021 por importe de 1.100.000 para la rehabilitación del edificio de las Escuelas Graduadas”, explicaba Miras.
El alcalde añadía que “el consenso, la tranquilidad agilidad y eficacia en cuanto a la gestión de proyectos que benefician a nuestro municipio es seña de identidad desde esta legislatura y vamos a procurar que así siga siendo. Todos los proyectos planteados se pueden llevar a cabo pero no con la forma de hacer política que están manifestando los partidos de la oposición”, continuaba Miras quien finalizaba pidiendo que "se recapacitase en cuanto a este tipo de actuaciones realizadas por el Partido Popular para que así el municipio de Mazarrón siga progresando como lo venía haciendo y no obstaculice el bien común".
Recurso
Los populares piden la suspensión cautelar de la resolución porque "es evidente la infracción del artículo 177.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en cuanto que la concesión de crédito extraordinario ha de tener como presupuesto legal que concurran circunstancias que determinen que el gasto no se pueda demorar hasta el ejercicio siguiente. Y dichas circunstancias no concurren, tal y como se puede apreciar con en el informe del expediente de modificación de crédito, fechado el día 19 de agosto de 2021, donde se relaciona a qué gastos se van a aplicar el remanente de tesorería por importe 9.970.034,09 euros".
Para el PP, "hasta el sentido común, ausente por motivos puramente crematísticos en el equipo de gobierno proponente y los grupos municipales mayoritarios, para comprobar que no se pueden considerar gastos inaplazables" partidas con conceptos como la adquisición de drones para la Policía Local, asfaltados de diversas vías, caminos y caminos rurales, rehabilitaciones de drenajes y firmes, nuevos proyectos de vías públicas, obras de rehabilitación, renovación de redes de agua potable, rehabilitación del Jardín de la Purísima, ayudas a los afectados por ERTE y parados de larga duración, ampliación del consultorio de Majada, rehabilitación del Ateneo Cultural, rehabilitación de las Escuelas de Bolnuevo para el centro de Interpretación Ambiental, la oficina de Turismo y atención al ciudadano, adquisición de inmuebles, el Plan de Movilidad urbana sostenible y un largo etcétera de actuaciones.
El recurso detalla que "la consideración de gastos inaplazables no se corresponde con una objetiva consideración del significado del adjetivo (RAE: “Que no se puede aplazar”), sino en una mera declaración de voluntad del equipo de gobierno, y para acreditar esta alegación, los populares reproducen el acuerdo del Pleno impugnado: Los gastos reflejados en la modificación de crédito no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, según la prioridad establecida por el equipo de gobierno, que deberá ser ratificada por el Pleno de la Corporación.
Por último, el PP solicita la medida cautelar debido a la carga de trabajo que sufren los Juzgados, teniendo en cuenta, además, de que el procedimiento aplicable es el ordinario de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, supone que la sentencia estimatoria que recaiga resulte inejecutable, pues no podrá revocar los efectos del acuerdo impugnado, al tratarse de obras que serán ejecutadas con cargo al remanente de tesorería.
