Mazarrón condena los ataques contra el sector agrícola

El Ayuntamiento de Mazarrón condena firmemente las declaraciones realizadas en el ayuntamiento de Murcia por parte de la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, quien acudió a la reunión de la Comisión de Pueblos y Ciudades Alfonsíes celebrada en Murcia, “agradeciendo” la invitación recibida del alcalde José Antonio Serrano con unas declaraciones que atentan contra los intereses de los murcianos y contra todo el sector agrícola español.
    "Serrano fue testigo de los ataques directos que su homóloga propinó hacia nuestra agricultura, llegando a solicitar públicamente (hasta en cuatro ocasiones) acabar con el Trasvase Tajo-Segura, pese a ser conocedora de las gravosas consecuencias que ello implicaría para los intereses económicos de Murcia y todo el levante español. Además, dichas afirmaciones fueron vertidas desde la Sala de Corregidores del ayuntamiento capitalino, instrumentalizando así las instituciones públicas murcianas como medio de propaganda de sus intereses partidistas, lo que por otra parte viene siendo habitual en el Partido Socialista", detalla la moción de Vox.
    "Estas lamentables declaraciones, suponen una ofensa frontal y despótica hacia todas las familias murcianas que conforman nuestro sector agrícola, cuyas economías familiares dependen directamente de la permanencia del Trasvase Tajo-Segura", expone la propuesta. "Es inaceptable que el alcalde de Murcia haya permitido que se realizaran tales manifestaciones contrarias a los intereses de los murcianos utilizando su ayuntamiento como altavoz. Estas políticas promovidas por el partido socialista manchego de García Page que no cesa en su empeño de discriminar a determinadas zonas de España para favorecer sus intereses particulares, atentan gravemente contra los intereses de toda la agricultura".
    La propuesta presentada en el último pleno y fue aprobada por todos los grupos menos por el PSOE que se abstuvo, solicita que el ayuntamiento de Mazarrón sea "fiel defensor del Trasvase Tajo-Segura y del Plan Hidrológico Nacional, así como también, muestre su apoyo a todos los agricultores españoles ante las intolerables manifestaciones de la señora Tolón, que perjudican gravemente al sector agrícola español y a la economía de toda la Región de Murcia.
    La reciente aprobación del “Plan Hidrológico del Tajo” por parte del Consejo del Agua del Tajo, conlleva el recorte de 105 hectómetros cúbicos anuales a la dotación de agua destinada al trasvase Tajo-Segura, de forma que 78 Hm3 dejarían de ser percibidos por los regantes, mientras que los restantes 27 Hm3 serían recortados del caudal que percibe actualmente la Mancomunidad de Canales del Taibilla para abastecimiento.
    Dicha decisión no es vinculante, pues su aprobación definitiva corresponderá al Consejo de Ministros, previo paso por el Consejo Nacional del Agua. No obstante, de aprobarse definitivamente la reducción del agua que se puede trasvasar al Segura por el aumento del caudal ecológico del Tajo, supondría la pérdida de entre 5.000 y 8.000 empleos directos e indirectos, así como la inviabilidad productiva de cerca de 12.000 hectáreas de cultivo, teniendo además un impacto económico negativo de 122 millones de euros anuales en valor de producción para el sector agrícola. Los graves perjuicios de las políticas del gobierno social comunista de la nación no se quedan en dichas cifras, ya que el aumento paulatino de dicho caudal derivaría en el cierre del trasvase, que es a lo que se tiende. Y ello supondría entonces el consiguiente impacto negativo sobre, aproximadamente, 43.000 empleos y 1.750 millones de euros en términos de producción.
    En este sentido y como ya se ha apuntado anteriormente, el estudio reciente de la Cátedra de Competitividad de la Universidad de Murcia es muy clarificador, cifrando el impacto del cierre del Trasvase en aproximadamente 43.000 empleos y en 1.750 millones de euros en términos de producción en el sector agrícola español, pero sin embargo, no parece importarles en absoluto a los dirigentes del PSOE que continúan inmersos en la hoja de ruta de la Agenda 2030. De hecho, el pasado día 10 de este mes, los medios de comunicación publicaron que el recorte del trasvase “pilla a los regantes con deudas por valor de 3.000 millones” de euros, afirmando a continuación: “préstamos que fueron concedidos por bancos y por el propio Ministerio para el desarrollo de proyectos ejecutados basándose en la seguridad jurídica de la disponibilidad de caudal de un Tajo que va a dejar de llegar a la Región”.
    En la otra atalaya del consenso progre, la del PP, el señor López Miras anuncia ahora con mucho bombo y platillo que recurrirá ante los tribunales el recorte del caudal del trasvase Tajo-Segura, obviando que han sido las propias luchas internas del PP las que finalmente acabaron con el proyecto de creación del Trasvase del Ebro, como reconoció el propio ex presidente Valcárcel hace unos días.
El pleno también pide que se aumente la seguridad y estabilidad en el aporte hídrico
Una propuesta de PSOE y UIDM, con el apoyo de la oposición, instará al Gobierno de España a garantizar los recursos hídricos necesarios, tanto para el abastecimiento humano como para el uso agrícola, ganadero e industrial. Así como a que aumente la seguridad y estabilidad en el aporte hídrico de nuestros territorios y se reduzca nuestra exposición y vulnerabilidad al cambio climático, para evitar una penalización injusta a la economía del Sureste Español y a los habitantes de sus municipios basada únicamente en nuestra ubicación geográfica y en las condiciones hidrológicas inherentes a nuestro territorio.
    Según los motivos de la moción expuesta por la edil de Medio Ambiente, Raquel Raja, es conocido que los recursos propios naturales disponibles de la cuenca del Segura se establecen en algo menos de 400 m3/habitante y año, cantidad manifiestamente insuficiente para un adecuado desarrollo socioeconómico del territorio, aspirándose para ello el alcanzar los 1000 m3/habitante y año, por debajo de la cual el citado desarrollo es totalmente inviable produciéndose además un fuerte estrés hídrico que ha dado lugar a fuertes afecciones medioambientales, tal y como indican los organismos internacionales (FA0/ONU).
    En este escenario, que además se ve afectado por las disminuciones de las aportaciones hídricas como consecuencia del cambio climático, no se asegura una suficiente disponibilidad de recursos que permita satisfacer con suficiente garantía las demandas ya consolidadas para el abastecimiento humano, la industria, la agricultura y ganadería.
    Es por ello que, reconociendo las menores disponibilidades futuras, es responsabilidad del Gobierno de España disminuir los riesgos de los impactos previsibles de dichas situaciones. Pero, además, a esta situación se suman también las propuestas de disposición de nuevos regímenes de caudales ecológicos a implantar tanto en el rio Segura como en el rio Tajo.
    La planificación y gestión del agua del Gobierno de España debe tener como uno de sus objetivos conseguir la seguridad hídrica de los usos vinculados al acueducto Tajo-Segura. Éstos resultan esenciales para el sostenimiento de la actividad económica del sureste español y del abastecimiento humano a los municipios abastecidos por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT). En el presente año hidrológico la fracción de los recursos del Tajo-Segura asciende al 32% del total de los volúmenes gestionados por la Mancomunidad, teniendo en cuenta los recursos propios del río Taibilla (20%) y los procedentes de la desalación (40%).
    Es esta diversidad de orígenes lo que permite a la MCT ser uno de los sistemas en alta de mayor garantía nacional, pero como contrapartida genera una de las tarifas más elevadas en el territorio nacional y con una tendencia creciente Análogamente, el regadío en todo el sureste español abastecido con recursos del Trasvase Tajo Segura representa un yacimiento de empleo y actividad económica de primer orden. Hoy no existen otras fuentes alternativas que aporten los 200 hm3 de agua que como media se han recibido desde su puesta en funcionamiento en 1979. Esta actividad no solo afecta a los productores que directamente trabajan en el sector primario, sino que de manera inducida afecta de manera muy importante a otros sectores, como pueden ser la industria agroalimentaria, los transportes, etc. Lo que representa un 20% del PIB y más de 100.000 empleos en la Región de Murcia.
    Concluye la propuesta que no proporcionar la adecuada seguridad hídrica, a un territorio donde viven más de 2.500.000 habitantes no sería responsable, por lo que se deben definir, previamente a cualquier otra actuación, las iniciativas que en su caso puedan generar los recursos hídricos que den seguridad y estabilidad en el aporte hídrico a nuestros territorios. El Gobierno de España no puede dejar a nadie atrás en lo que a seguridad hídrica se refiere.