Yolanda y Maite García Espinosa, propietarias de viviendas en la playa de la Isla afectadas por notificación de derribo.
Después de más de un centenar de años viviendo en uno de los inmuebles de la Playa de la Isla, Yolanda y Maite García Espinosa se enfrentan a una orden de derribo de sus casas. Viven en ellas desde que su abuelo tenía en el lugar una barraca y el inmueble se encuentra a bastante distancia de la línea de playa, existiendo algunas construcciones delante.
Ambas afectadas explicaron a esta redacción que el pasado mes de marzo recibieron una notificación en la cual se les negaba la concesión por otros 75 años, lo cual ha derivado en una situación difícil de asimilar por las familias que son conscientes de que a otros propietarios sí que les han concedido. Inmediatamente les llegó una segunda notificación informándoles del derribo de la vivienda fijado inicialmente para el pasado 7 de abril de modo que el mes de plazo que tenían para hacer las gestiones pertinentes y los dos meses más para poder reclamar quedaban en olvido al notificárseles que en 15 días tiraban la casa.
Yolanda García señala que no les fue aceptado el recurso para la concesión de otros 75 años y, añade que el 14 de febrero del pasado año 2021 un periódico regional publicaba la noticia de que Villamar, un inmueble próximo a la línea de costa, había sido vendida previa concesión por otros 75 años por su relevancia cultural. Las afectadas no entienden cómo una vivienda que se acaba de adquirir obtiene la concesión de 75 años mientras que se le retira a inmuebles que llevan habitados desde hace décadas.
Yolanda y Maite afirman que se les pone numerosas trabas y que nunca se les da una razón clara por la que no se les puede dar esa prórroga de 75 años. En el ejemplo de la Casa Rolandi de Puerto de Mazarrón, las afectadas indicaron el caso porque ha sido el más notable con repercusión en los medios de comunicación regionales. Por otra parte, afirman, que ha ocurrido lo mismo con otros inmuebles del litoral, caso de la vivienda de Nares, adquirida por otro particular y que goza de otros 75 años de concesión. Y esto sólo son dos ejemplos de otros muchos casos que se pueden citar en la costa de Mazarrón.
Se trata de viviendas construidas desde 1930, con toda la documentación en regla y en vigor. Además, los propietarios se ven afectados por la actuación de Costas, que les dice que los terrenos son de su pertenencia, pero no entienden muy bien por qué entonces tienen que pagar la contribución al Ayuntamiento de Mazarrón si los terrenos no les pertenecen. Yolanda y Maite señalan que en su caso no han tenido que pagar canon, porque la concesión se hizo para refugio de náufragos en su día, en 1934. Otros inmuebles si están sujetos al pago de la contribución urbana.
El documento original que poseen, del momento en el que obtuvieron la concesión, recoge que deberían "demoler la vivienda y evacuar el terreno cuando así lo exigieran las necesidades de la defensa nacional al ser requeridos para ello por las autoridades competentes para estos casos". Desde el momento de obtener la concesión no se ha tenido noticia alguna al respecto ni la familia ha recibido notificación al respecto.
Otra cuestión ha sido la de los mojones, Maite y Yolanda describen la cuestión de los mojones que delimitan la zona y que todos los vecinos recuerdan perfectamente donde han estado siempre pero que, de la noche a la mañana, aparecieron cambiados. Sin evitar sonreír ante un hecho consumado, ambas relatan cómo los mojones estaban antes delante de las viviendas y, por arte de magia, aparecieron detrás de ellas. De este modo, se han construido nuevas viviendas y se ha cambiado la posición de los mojones permitiendo que haya gente cuyas viviendas, sean de nuevo cuño o no, no sean derribadas. Al parecer, "estas maniobras se hicieron durante el invierno y con alevosía", es decir, cuando menos gente hay por las inmediaciones.
En el caso particular de Yolanda y Maite se negaron a entregar las llaves y, además, a hacer frente a los más de 23.000 euros que les pedía Costas por el derribo de la vivienda, que es más del triple de lo que cuesta una actuación de este tipo. Mientras estaban en esto, se les avisó también de que había que retirar 5 metros de tuberías de amianto que había entre ambos inmuebles, lo que supone un desembolso de 2.620,80 euros por la retirada de esos "residuos tóxicos".
Maite y Yolanda afirman que las viviendas han estado habitadas durante todo el año y denuncian que hoy más que nunca "el pez grande se come al chico". Sus casas se vendrán abajo pero muchas otras seguirán en pie, y esto es algo que no se entiende muy bien, es decir, por qué unas viviendas son de interés y otras no, cuando son todas iguales.
Los vecinos denuncian que el Ayuntamiento no les está apoyando en ningún caso y este verano incluso se ha recibido la visita de varias autoridades para una propuesta con objeto de indultar poblados tradicionales y pintorescos que finalmente no prosperó. En el caso de Mazarrón este asunto no parece despertar el más mínimo interés.
Maite y Yolanda aportaron el interés que hay en que estos espacios desaparezcan y aportaron el contenido del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia que en su componente cinco de "Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos" prevé destinar más de 2.000 millones en parte recibidos desde Bruselas para su recuperación post pandemia.
Entre los objetivos del Plan se cita la ampliación del dominio público obligando a retroceder a las posibles instalaciones que sean necesarias, y la recuperación del dominio público marítimo terrestre indebida o inadecuadamente ocupado. Según este documento, la ejecución de estas actuaciones daría como resultado la activación del sector de la construcción y consultoría, derivando en una activación del sector turístico. Las afectadas por el derribo de estas viviendas se preguntan, ¿derribar construcciones existentes y consolidadas… para el beneficio de quién?.
