UIDM presenta la moción tras la muerte de la vecina británica, presuntamente a manos de su marido.
Unión Independiente de Mazarrón (UIDM) pedirá en el próximo pleno que el Ayuntamiento de Mazarrón se persone como acusación popular en calidad de parte perjudicada civilmente en los casos penales abiertos por muerte, lesión grave o mutilación genital que tengan lugar en el municipio.
La muerte de la vecina británica Vannesa Carter (52 años) el pasado 4 de diciembre, presuntamente a manos de su marido Michael Carter (69 años), en la urbanización Camposol, nos revela que nuestro municipio tampoco es ajeno a la expresión más cruel de la violencia de género: el feminicidio, explican los independientes en su moción.
Desde que los poderes públicos tomaron conciencia de esta lacra social, se han venido adoptando medidas que, con mayor o menor acierto, han buscado combatir la violencia contra la mujer. Si bien no cabría decir que este esfuerzo ha sido en vano, si se ha demostrado que es insuficiente ya que, mientras haya una sola víctima, la lucha por erradicar este mal deberá continuar. Por ello, en este contexto en el que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, sabiéndonos concernidos y corresponsables con esta triste realidad social, proponemos al pleno una medida que probablemente seguirá siendo insuficiente pero que por estar a nuestro alcance sería un error no emplearla.
En concreto, UIDM se refiere a la acusación popular que consagra el artículo 125 de la Constitución Española y desarrollan los artículos 101 y 102 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que consiste en la facultad para personarse en un proceso penal sin ser el perjudicado directo del hecho delictivo. Así, la normativa establece que todo ciudadano español, persona física y jurídica, puede ejercitar la acción popular. Esta figura tiene una participación activa en la defensa de los intereses, al mismo tiempo que lo hace el Ministerio Fiscal y una acusación particular, cuando exista.
Se trata de un instrumento que otras administraciones públicas ya vienen empleando en el conjunto de acciones para luchar contra la violencia de género. Es el caso, por ejemplo, de las Comunidades Autónomas de Madrid, Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra o de los Ayuntamiento de Bilbao, Huelva, o Barakaldo.
