Acuerdo plenario tras la muerte de la vecina británica Vannesa Carter en la urbanización Camposol.
El Ayuntamiento de Mazarrón se personará como acusación popular en calidad de parte perjudicada civilmente en los casos penales abiertos por muerte, lesión grave o mutilación genital que tengan lugar en el municipio de Mazarrón. Así lo acordó el pleno de diciembre con la aprobación de la moción presentada por Unión Independiente de Mazarrón con el apoyo de PSOE, PP y Ciudadanos.
La muerte de la vecina británica Vannesa Carter (52 años) el pasado 4 de diciembre, presuntamente a manos de su marido Michael Carter (69 años), en la urbanización Camposol, "nos revela que nuestro municipio tampoco es ajeno a la expresión más cruel de la violencia de género, el feminicidio", apunta la propuesta.
Desde que los poderes públicos tomaron conciencia de esta lacra social, se han venido adoptando medidas que, con mayor o menor acierto, han buscado combatir la violencia contra la mujer. Si bien no cabría decir que este esfuerzo ha sido en vano, si se ha demostrado que es insuficiente ya que, mientras haya una sola víctima, la lucha por erradicar este mal deberá continuar. Por ello, en este contexto en el que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, sabiéndonos concernidos y corresponsables con esta triste realidad social, proponemos al pleno una medida que probablemente seguirá siendo insuficiente pero que por estar a nuestro alcance sería un error no emplearla.
En concreto, la moción independiente se refiere a la acusación popular que consagra el artículo 125 de la Constitución Española y desarrollan los artículos 101 y 102 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que consiste en la facultad para personarse en un proceso penal sin ser el perjudicado directo del hecho delictivo. Así, la normativa establece que todo ciudadano español, persona física y jurídica, puede ejercitar la acción popular. Esta figura tiene una participación activa en la defensa de los intereses, al mismo tiempo que lo hace el Ministerio Fiscal y una acusación particular, cuando exista.
Se trata de un instrumento que otras administraciones públicas ya vienen empleando en el conjunto de acciones para luchar contra la violencia de género. Es el caso, por ejemplo, de las Comunidades Autónomas de Madrid, Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra o de los Ayuntamiento de Bilbao, Huelva, o Baracaldo.
Vox vota en contra
Vox votó en contra de la propuesta "por respeto a la Constitución Española de 1978, que en su artículo 14 establece: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". En consecuencia, nos negamos a aceptar que un mismo delito tenga diferente tipificación y penalización, según lo perpetre un hombre o una mujer. Y nos negamos, así mismo, a la existencia de leyes de excepción, propias de regímenes totalitarios y liberticidas, como es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que, ante un recurso de inconstitucionalidad presentado por un juzgado de Albacete, salió adelante por la presión ejercida sobre los jueces del TC. (Declaraciones de quien fuera vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra)".
Otro de los argumentos defendido por su portavoz, Carlos Corvalán, es "porque la violencia no tiene "Género": O es violencia o no lo es. Y la separación y/o tipificación mediante el "Género", establece la existencia de ciudadanos de primera (las mujeres), y ciudadanos de segunda y de tercera (los hombres). Y no asesina, maltrata, viola..., el hombre, sino el asesino, el maltratador, el violador...". También porque la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 26 de Febrero de 2013 (rec.907/2012), deja meridianamente clara la innecesariedad de la personación de un ente público como "acusación popular", al tiempo que advierte del riesgo de merma de defensa del acusado, y de la conversión del ente público en una especie de "ente justiciero" y "Torquemada", que, subrepticiamente, busca ganar votos en el sector femenino por su "defensa de la protección de la mujer".
Según Corvalán, "no parece de justicia olvidar las muertes del joven marroquí asesinado en el Puerto en junio de 2021, por defender a la camarera y a sus amigos de los insultos de su agresor; ni de Erik, el joven de 21 años, que, también en el Puerto, falleció en octubre de este año, a resultas de una puñalada en el cuello; ni el caso del hombre que en la última noche de Halloween fue apuñalado en el estómago y estuvo por ello debatiéndose entre la vida y la muerte. ¿Acaso el hecho de ser varones merece un tratamiento inferior que si hubiesen sido mujeres?".
Por último, "porque siendo Mazarrón el municipio de la RM que ostenta el muy dudoso honor de ocupar el tercer puesto en el ránking de delincuencia (25,25 delitos por cada mil habitantes), bien podía el ayuntamiento personarse en su caso como acusación popular en delitos por tráfico de drogas, robos con violencia e intimidación, robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones... Curiosamente, los casos en los que entes públicos se han personado como acusación popular, han sido siempre en casos de muertes de mujeres a manos de hombres; nunca en sentido contrario, ni en los de mujeres que han asesinado fría y sádicamente a sus hijos para vengarse de su ex marido o ex pareja. Eso en español tiene un nombre: sectarismo.
Como expuso Vox en el pleno y a modo de conclusión, "las leyes deben de ser igual para todos, hombres y mujeres, y deben garantizar la dignidad, la libertad y el ejercicio de sus derechos a todos los ciudadanos, hombres y mujeres. La justicia debe perseguir a quien delinque y asesina, sea hombre o mujer, y proteger al decente y al honrado, sea hombre o mujer, cosa que por desgracia no siempre hace".
