El propietario afirma que hay una suspensión de las actuaciones del ayuntamiento por parte del juez y que el consistorio no había notificado el desalojo.
El Ayuntamiento de Mazarrón llevó a cabo el pasado jueves, 21 de diciembre, la clausura del camping de Percheles, ubicado en Cañada de Gallego. En la instalación, para el consistorio ilegal, se presentaron tres patrullas de la Guardia Civil como refuerzo y a petición a la Delegación del Gobierno, agentes de la Policía Local que iban notificando a las caravanas que tenían que abandonar las instalaciones, trabajadores de Servicios para desmontar las barreras de entrada y la cartelería del camping y personal administrativo del Ayuntamiento que iba anotando todo lo que acontecía.
Por unanimidad de todos los partidos, el pleno extraordinario de mayo aprobó la propuesta para acordar la recuperación de oficio del camino declarado demanial por acuerdo del Pleno de la Corporación en octubre de 2022, sito en el paraje Playa de Percheles, y que discurre entre las parcelas 46 y 47 del polígono 20 del catastro de rústica de Mazarrón.
El punto también requería a Avelino López Fernández y Elena García Ortega para que
en el plazo de 5 días naturales procedieran a realizar por su cuenta los trabajos necesarios para retirar todas las instalaciones. Además, les advertía que si transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento realizará el acto por sí mismo, utilizando los medios de ejecución forzosa previstos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, serían todos los costes a su cargo.
En otro de los puntos se dio el visto bueno a la propuesta para desestimar una decena de alegaciones formuladas y aprobar definitivamente el proyecto de expropiación por tasación conjunta de los bienes y derechos incluidos en el Sistema General de Espacios Libres de la zona
de Protección de Percheles.
El Ayuntamiento, en una estimación efectuada en su informe técnico, ha concluido que adecentar el terreno de nuevo y realizar las actuaciones necesarias para "el cese de la actividad y restablecimiento de la legalidad" costará más de 17.000 euros, según publicaba La Opinión.
A través de las redes sociales, el alcalde Ginés Campillo, ha explicado que con esta actuación "se está dando cumplimiento a lo que dijimos hace un tiempo que íbamos a hacer en Percheles, que era dejarlo libre y expedito con la ejecución del desalojo del camping ilegal. Esto demuestra que hemos estado trabajando sin descanso para que así sea. Sabemos que va a haber problemas para el desalojo, pero vamos a seguir en el empeño en dar consecución a lo que se acordó en el pleno que es precisamente la expropiación del Sistema General de Espacios Libres de Percheles para el disfrute de vecinos y visitantes".
El propietario del camping, David López, ha afirmado a La Voz que "la actividad la podría abrir tranquilamente, porque hay una suspensión de las actuaciones del ayuntamiento por parte del juez prevista para estos días". El empresario estudia cómo proceder y las opciones posibles "tras esta forma de proceder irregular del ayuntamiento, que no había notificado el desalojo".
