El objeto es que aquellos que residen en nuestro municipio puedan cumplir aquí la sanción interpuesta por el Juez de Menores como lugar más cercano a su domicilio.
El Ayuntamiento de Mazarrón va a firmar un protocolo de adhesión al convenio entre la CARM, a través de la Consejería de Familia e igualdad de oportunidades, y la Federación de Municipios y provincias de la Región de Murcia (FEMPRM) para la realización de prestaciones en beneficio a la comunidad.
El objeto es que aquellos menores infractores que residen en nuestro municipio puedan cumplir en Mazarrón la sanción interpuesta por el Juez de Menores como lugar más cercano a su domicilio, evitando mayores problemas a las familias y, sobre todo, para hacer cumplir lo establecido en la Ley 5/2000 de 12 de enero reguladora sobre la responsabilidad penal de los menores, desde el ámbito educativo y de la corresponsabilidad.
La concejalía de Participación Ciudadana sería la encargada de generar un catálogo de actividades con el objetivo de garantizar ese cumplimiento de las penas, favoreciendo al menor, su familia y a la sociedad. Sería en coordinación con varias concejalías del Ayuntamiento de Mazarrón prestando servicios de limpieza viaria, de edificios públicos, bibliotecas, deportes o servicios sociales (centros de día, centro de Atención Temprana, sanidad o educación).
Este convenio fue tratado por el concejal de Participación Ciudadana, Juan Carlos López Moreno, y el técnico del área, Javier Díaz, en una reciente reunión con el secretario general de la Federación de Municipios, Antonio Moreno, y el director del Centro de Inserción Social Guillermo Miranda, Patricio Amorós Pérez.
El alcalde Ginés Campillo ha expresado su interés en coordinar esfuerzos con los alcaldes de toda la Región de Murcia para promover un marco normativo en el parlamento autonómico. Según fuentes municipales, "este marco permitiría que ciudadanos incapaces de pagar ciertas sanciones administrativas económicas puedan optar por realizar trabajos en beneficio a la comunidad. Se busca así otorgar a los ayuntamientos la capacidad para regular la sustitución de sanciones económicas por labores comunitarias, lo cual representa múltiples beneficios tanto para los individuos como para la sociedad en general".
