Los propietarios afirman que han intentado legalizarlo desde hace tiempo, pero que la administración no ha resuelto estos expedientes ni ha notificado correctamente el desalojo.
Este lunes, la Demarcación de Costas en Murcia, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha iniciado la demolición del icónico Restaurante Miramar, situado en la playa de La Isla, en Puerto de Mazarrón. La acción responde a una orden judicial tras la expiración de la concesión que permitía al restaurante operar en una zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre. El restaurante, que ha funcionado desde 1971, es un referente histórico y turístico de la zona, por lo que el derribo ha generado una gran conmoción entre los vecinos.
Desde primera hora de la mañana, equipos de operarios de empresas contratistas de Costas han comenzado los trabajos para desalojar el local y proceder con la demolición. La Guardia Civil también está presente en la playa para asegurar el cumplimiento de la orden judicial y evitar cualquier tipo de incidente. Mientras las máquinas intentan vaciar el interior del restaurante, sacando mobiliario y material, los propietarios denuncian lo que consideran un proceso injusto y mal gestionado por parte de la administración.
Víctor Coca, gerente del Restaurante Miramar, ha expresado a La Voz su frustración y descontento ante la situación. Según Coca, ellos no recibieron ninguna notificación oficial que les advirtiera del inicio de los trabajos de demolición. “Aquí no ha habido ningún aviso formal. Han intentado notificar de manera incorrecta en varias ocasiones, pero siempre hemos respondido dentro de los plazos, solicitando la legalización del restaurante y otras gestiones pendientes. Sin embargo, ellos han decidido seguir adelante sin contestar nuestras solicitudes”, explica.
Coca subraya que los propietarios han estado inmersos en un proceso para legalizar la situación del restaurante, pero nunca han obtenido una respuesta clara por parte de la administración. “Nos están presionando sin dar ningún tipo de contestación a nuestros expedientes de legalización. Lo que están haciendo es prevaricación pura, porque la administración está obligada a responder”.
“A mi madre la han sacado del restaurante de malas maneras, sin dar explicaciones ni formas, simplemente le han dicho que tenía que salir porque iban a proceder al vaciado del local y, posteriormente, a la demolición. Esto no es normal”, añade Coca. Además, explica que el local aún está lleno de mercancías y equipos, lo que aumenta el impacto económico del derribo.
La situación es particularmente delicada para Coca y su familia, ya que el Restaurante Miramar ha sido una fuente de sustento durante más de cinco décadas, también para muchos empleados. El gerente ha hecho un llamamiento desesperado a las autoridades y a los vecinos para detener lo que considera una injusticia. “Pedimos a la gente de Mazarrón, a nuestros amigos y clientes, que nos apoyen en este momento tan difícil. Este restaurante no solo es un negocio, es parte de la historia de este pueblo. Pedimos que alguien del Ministerio de Justicia o de la Comunidad Autónoma se siente a hablar con nosotros para encontrar una solución pacífica. Si al final tiene que ser demolido, que se haga, pero de una forma legal y justa, no de esta manera tan agresiva”.
El abogado de la empresa, José Fernando Navarro, también ha expresado a La Voz su preocupación por la falta de procedimientos adecuados en el caso. Explica que, aunque la concesión del restaurante efectivamente había caducado, la empresa presentó en su momento expedientes administrativos para intentar legalizar las obras realizadas y prolongar la concesión. “Hay un problema claro de exceso de capacidad y ocupación de terreno, pero hemos intentado legalizar estas obras desde hace tiempo. Lo que no entendemos es por qué la administración no ha resuelto estos expedientes, a pesar de que se han presentado en tiempo y forma. El problema principal es que la administración resuelve solo lo que le interesa, y en este caso no ha habido ninguna voluntad de dar una respuesta adecuada”, explica Navarro.
El abogado también pone énfasis en que, para llevar a cabo el desalojo y la demolición, era necesario contar con una autorización judicial que, según él, no se ha notificado correctamente. “Esto es una empresa, pero también es una familia. Aquí trabajan personas que dependen de este negocio para vivir. No se ha notificado debidamente ni a la empresa ni a los propietarios sobre esta entrada, lo que supone una vulneración de derechos fundamentales”, afirma Navarro. Añade que, en estos momentos, están intentando dialogar con el juzgado que autorizó el derribo para suspender la demolición, pero advierte que, si no se detienen las acciones, el proceso podría tener consecuencias muy graves para los propietarios y los trabajadores del restaurante.
El conflicto no es nuevo, y los problemas con la concesión se remontan a hace varias décadas. Según Navarro, desde 1992 han existido expedientes que buscaban regularizar la situación del restaurante, pero la administración ha actuado con lentitud e indiferencia. “Desde hace más de 30 años estamos tratando de resolver este asunto. Los informes iniciales decían que todo era legalizable, pero la administración ha fallado en cumplir con sus obligaciones. Esto no es solo un problema de interés general, aquí hay familias que dependen de este negocio”, concluye.
